De ahí la honda preocupación que suscitan los graves y reiterados episodios registrados últimamente en nuestro país, demostrativos de las dificultades que afronta hoy la educación en la Argentina como resultado de ese notorio quebrantamiento del principio de autoridad y del consiguiente estado de caos en que ha derivado, en muchos casos, la relación entre los docentes y los alumnos. Es imprescindible que como sociedad tomemos conciencia de las gravísimas consecuencias que puede llegar a tener para el país este aflojamiento de las estructuras disciplinarias básicas del sistema de enseñanza.

Uno de los hechos más notorios ha sido, en los últimos días, la ocupación del edificio del Colegio Nacional de Buenos Aires por un grupo de alumnos que reclama el derecho de los estudiantes a participar en el gobierno de ese tradicional establecimiento educativo. Más allá de las razones que pudieran alegarse en favor de algunas de las múltiples peticiones interpuestas por los alumnos, salta a la vista que esa clase de movilizaciones y tomas atentan contra el desenvolvimiento del ciclo educativo y lesionan las más elementales normas de disciplina que deben imperar en una institución de esa naturaleza. Las autoridades del colegio, con buen criterio, aceptaron dialogar con los alumnos y analizar los reclamos interpuestos, pero con la condición de que previamente se dejara sin efecto la toma del colegio.

Pero se registraron también en los últimos días otros episodios alarmantes, difundidos con lujo de detalles por diferentes medios. En una escuela de Neuquén, un alumno de séptimo grado le asestó una trompada a su maestra. Como consecuencia de la repudiable agresión, la docente sufrió una lesión traumática y debió ser atendida en un hospital.

En un colegio del barrio de Caballito, entretanto, dos alumnos agredieron a una profesora, no sólo con golpes físicos, sino también con ofensas y gestos denigratorios, mientras un tercer estudiante registraba la escena con una cámara filmadora. Los alumnos responsables recibieron las sanciones correspondientes; dos de ellos fueron expulsados.

Pero lo grave es que esos desórdenes no son excepcionales, sino que se producen, en muchos casos, dentro de un contexto generalizado de violencia y virtual anarquía. Según datos proporcionados por fuentes oficiales, en las escuelas bonaerenses y porteñas se registra diariamente un promedio de 156 agresiones físicas entre alumnos, consumadas dentro de los propios establecimientos educativos.

Por otro lado, y en un contexto diferente, trascendió que en la provincia de Mendoza se está estudiando la posibilidad de instrumentar una reforma reglamentaria para que los maestros no puedan calificar a los alumnos con notas inferiores a los cuatro puntos en el primer trimestre del ciclo lectivo. El objeto de la proyectada medida es evitar que los alumnos "se desmoralicen" o "bajen los brazos". La absurda reglamentación, objetable en sí misma, invita a pensar que el principio de autoridad en las escuelas está siendo erosionado por muy diferentes caminos. A la agresión física perpetrada en tantos casos, se suman propuestas como ésta que insta a otorgar a los alumnos calificaciones complacientes para evitar que "se desmoralicen". Es evidente que con este tipo de iniciativas se afecta también, gravemente, la autoridad de los docentes.

Es imprescindible recomponer el principio de autoridad en todos los niveles de la actividad educativa. Allí donde esa autoridad no es respetada, allí donde la disciplina se quebranta diariamente y a la vista de todos, la educación es siempre la que sale perdiendo. Es fundamental que se vuelva a instalar en todos los rincones del territorio nacional la idea de que la autoridad y la educación necesitan ir siempre de la mano. Es imprescindible frenar cuanto antes la ola de violencia escolar, y lograr que el maestro y el profesor recuperen el rol y la autoridad que tradicionalmente se les ha reconocido frente al alumnado. Para lograr ese objetivo, es fundamental la intervención de los padres de los alumnos, que tienen el deber moral de apoyar a los docentes. Muchas veces, los padres incurren en el gravísimo error de respaldar a sus hijos y enfrentar a los maestros, con lo cual contribuyen a deteriorar aún más la autoridad de quien está al frente de un aula. Un espectáculo que debe desaparecer para siempre de nuestro sistema de costumbres es el que brindan aquellos padres y aquellas madres que se hacen presentes en la escuela para "defender" a su hijo cuando el docente le ha puesto una mala nota o le ha aplicado una sanción.

Por supuesto, no es una tarea privativa de un determinado sector social. Recomponer la autoridad del maestro es responsabilidad de todos. La escuela no es -no debe ser- un mundo aparte. En un país habituado a no respetar las leyes, a no acatar las normas de tránsito, a que los poderes públicos se enfrenten unos con otros y vulneren y avasallen sus respectivas esferas de competencia, no puede sorprender que el aula tienda a convertirse también en una tierra de nadie. La tendencia generalizada a la anomia no podía dejar de extenderse al ámbito escolar.

Si somos capaces de restablecer el principio de autoridad desde sus raíces, desde lo más profundo de su entraña moral, habrá república en la Argentina. Y habrá maestros con la autoridad necesaria para que la escuela sea, en sí misma, un espejo en el que cada argentino aprenda a reconocerse como el custodio de su propia dignidad y de la dignidad de los otros.

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